EL PODER JUDICIAL

Presión sobre la Justicia. El título periodístico resulta, a simple vista, tremendo.

Sin embargo, el mal empleo de las palabras lleva a confusión. Lo que quiere decir, más bien, es que los jueces son presionados. Lo cual es grave, pero nunca tanto como si se presionara a la Justicia misma. A la Señora de Ojos Vendados a quien apelaba alguna vez María Elena Walsh para pedirle Quítate la venda y mira, cuanta mentira.

En todo caso, los presuntos presionados –los jueces- no son La Justicia, sino el Poder Judicial. Uno de los tres poderes del Estado. De un Estado que tiene una identidad política que, en nuestro caso, la Argentina de principios de Milenio, pasa por la democracia, por la voluntad popular.

En las viejas monarquías el rey era el Gran Justiciero. Lo dice en el título de su obra de teatro Calderón de la Barca: El alcalde Zalamea. En ella, Felipe II hace justica por encima de la misma ley, cuando da la razón al alcalde labriego Pedro Crespo que ha ejecutado a un capitán, pese al fuero militar del reo.

No siempre los reyes se tomarían tan a pecho su obligación de hacer justicia, pero ese era su deber. Lo que sí ocurría era que los que, en su nombre, se ocupaban de sentenciar todos los días, solían sentirse por encima de los demás. Había razones. Recordaba José María Rosa sus tiempos de juez, y decía que “dar a cada uno lo suyo es cosa de dioses”. Y dioses se sintieron, a lo largo del tiempo, muchos magistrados. . . El mismo Rosa, durante la dictadura criminal de 1976, hace decir al rey Alfonso el Sabio de Castilla: Malos son los enredos con las Cortes ¡si lo sabré yo! Tengas razón o no irás siempre a galeras…

Es comprensible que cuando la Junta de Mayo obligó a los jueces de la Audiencia porteña a jurar obediencia a su autoridad, el oidor Caspe y Rodríguez se presentó limpiando sus dientes con un palillo como signo de desprecio. Juraría, pero en su fuero íntimo no daba valor alguno a la autoridad revolucionaria.

Cuando llegó la República, después de sancionada la Constitución de 1853, y sobre todo tras la reforma liberal de 1860, se siguió el modelo de la Carta de Filadelfia. Hubo un Poder Judicial con una Suprema Corte a la cabeza. Hasta 1930 no existieron mayores conflictos. Las sentencias de los magistrados eran coherentes con la legislación vigente y con los intereses sociales que esta legislación defendía.

En 1916 debió aparecer alguna luz de alarma. Por la ley Sáenz Peña llegaba el primer gobierno elegido por el pueblo. Era una revolución, pero el yrigoyenismo tenía una tradición de respeto por la formalidad de las leyes y la Constitución vigente. Un respeto muy superior al aparente que los gobiernos conservadores habían tenido cuando por décadas se trampeaba en las elecciones y cuando un solo mecanismo hacía funcionar como un reloj tribunales, cátedras universitarias y estudios influyentes.

En 1930 la crisis mundial asustó a la oligarquía. No se podía seguir soportando al gobierno plebeyo, y se convocó a los uniformados para que el gobierno volviera a las manos de siempre. Pero ¡el derrocamiento de Yrigoyen violaba las leyes! ¿Que debía hacer el Poder Judicial, custodio de la pureza constitucional? La Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos dio su opinión a Washington: “Bajo las actuales circunstancias, lo correcto hubiera sido que los miembros (de la Corte) renunciaran. No lo hicieron y continuaron funcionando y simulando que la constitución nacional estaba aún vigente.” (Page I, 197)

El 10 de septiembre la Corte produjo una acordada por los “doctores D. José Figueroa Alcorta, D. Roberto Repetto, D. Ricardo Guido Lavalle, D. Antonio Sagarna y el señor Procurador General de la Nación, doctor Horacio Rodríguez Larreta, con el fin de tomar en consideración la comunicación dirigida por el señor presidente del Poder Ejecutivo Provisional, teniente general D. José F. Uriburu, haciendo saber a esta Corte la constitución de un gobierno provisional para la Nación, dijeron:

1º. Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional emanado de la revolución triunfante de 6 de septiembre del corriente año.

2º. Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la Nación, y por consiguiente para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado, además, en actos públicos, que mantendrá la supremacía de la Constitución….

Que esta Corte ha declarado, respecto de los funcionarios de hecho, “que la doctrina constitucional e internacional se uniforma en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y de necesidad y con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses puedan ser afectados, ya que no les sería posible a estos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente posesión de sus poderes y funciones” ….

El Tribunal resolvió acusar recibo al gobierno provisional en el día de la comunicación de referencia mediante el envío de la nota acordada, ordenando se publicase y registrase en el libro correspondiente, firmando por ante mí de que doy fe.

Firmados: J. Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, R. Guido Lavalle, Antonio Sagarna; Horacio Rodríguez Larreta. Raúl Giménez Videla, secretario.

A Uriburu no le faltaban ganas de patear al diablo la Constitución vigente, pero no tenía fuerza frente a los sectores conservadores tradicionales que impusieron una parodia institucional basada en el fraude, pero que permitía la existencia del Poder Judicial heredado. Con la Corte de la acordada a la cabeza.

El 4 de junio de 1943, el régimen fraudulento resultó depuesto por una nueva revolución, de signo diferente pero tan ilegal como la de trece años antes. Los Supremos ya no eran los mismos por razones de edad. Repetto era ahora presidente. Pero la continuidad iba más allá de los nombres, y nuevamente la Corte acordó aceptar el nuevo gobierno provisional.

Tres años después, asumió la presidencia el general Juan Perón. Había ganado las elecciones reconocidas como las más limpias de la historia. Esto no bastó para que los diputados de la minoría opositora no estuvieran presentes en la jura del nuevo presidente por única vez en la historia. Pocos meses después, el Congreso inició juicio político a la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte. Se los acusaba por la acordada de septiembre de 1930. Se excluía al presidente doctor Roberto Repetto, quien se jubiló para evitarlo y al doctor Tomás Casares, quien había sido designado pocos meses antes y no había participado de las acordadas ilegales.

El procesado Carlos Pagni, aparente compañero de andanzas del Tata Yofre –ex funcionario menemista–, Héctor Guillermo Roberto Alderete –titular del sitio SEPRIN–, Edgar Walter Mainhard –del sitio urgente24.com–, Roberto Ángel García, columnista de Perfil y otros, en una causa por espionaje iniciada hace un par de meses por la jueza Sandra Arroyo Salgado, tiene presente el juicio político de los ’40.

Desmintiendo a quienes ponen en duda el carácter peronista del kirchnerismo, publicó en la Tribuna de doctrina fundada por el primer Mitre, un artículo titulado: Cristina, obediente discípula de Juan Perón. En él recuerda que al mes de asumir la presidencia, en julio de 1946, Perón promovió el juicio político de los jueces Sagarna, Nazar Anchorena, Ramos Mejía y Repetto. Recordaba además el discurso en que había afirmado: “La Justicia, además de independiente, debe ser eficaz. Pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan a compás del sentimiento público”. Y concluía en clara referencia a la presidenta: “Los hechos cambian. Los argumentos permanecen.”

La oposición consideró al juicio como una arbitrariedad motivada por antipatía política. El historiador Félix Luna, militante radical en esos años, señala que “la Corte había declarado la inconstitucionalidad parcial del régimen orgánico de la Secretaría de Trabajo y Previsión, había invalidado la creación de un tribunal de apelaciones en el Chaco y decidió no tomar juramente a los miembros de la Cámara de Apelaciones del Trabajo…. Pero aun más importante que estos hechos fue el espíritu que transpiraba la Corte, enfrentado a todo lo que Perón significaba.” (Félix Luna , I, 89)

El historiador pierde de vista que la antipatía a la persona de Perón no era tan grande como la profunda desaprobación ideológica que los cortesanos tenían con respecto a la novedosa legislación laboral. El peronismo planteaba una revolución por la que se reemplazaría el régimen liberal oligárquico por una democracia social. Y el mismo Luna, creyendo poner en evidencia secretas intenciones del oficialismo, pone el dedo en la llaga al citar al diputado oficialista Guillermo Klix López cuando dijo: “El juez que viole el derecho nuevo debe ser separado con toda razón por el Congreso que representa ese derecho nuevo, porque no es posible que el derecho viejo se mantenga a través de las instituciones judiciales, cuya función es aplicar el derecho de su época y no el derecho del pasado.”(FL, I, 91)

Luna cree demostrar que el motivo del juicio no era la famosa acordada de 1930, sino una intención de crear un poder ejecutivo identificado con la revolución justicialista. Y justamente de eso se trataba.

El 30 de abril de 1947 el Senado destituyó a los doctores. Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y al Procurador General de la Nación Juan Álvarez. La revolución de septiembre de 1955 expulsó sin juicio a todos los integrantes de la Suprema Corte y los reemplazó por los doctores Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Jorge Vera Vallejo, y al doctor. Sebastián Soler como Procurador General. “distinguidos juristas y hombres de derecho que restauraron a través de sus sentencias los principios de libertad, reafirmando la plena vigencia de las garantías constitucionales”, al decir del académico Fernando Barrancos y Vedia, que no menciona que la constitución de cuyas garantías habla fue impuesta por bando militar del dictador Aramburu en 1956.

No hubo más juicios políticos. En 1966 el dictador Onganía destituyó a los jueces de la Corte. Lo mismo hizo el asesino serial Jorge Videla en 1976. En ninguno de esos casos los distinguidos jurisconsultos que fueron nombrados consideró necesario siquiera imitar a los supremos de 1930 con su acordada. No obstante, los nombres de Ortiz Basualdo, Borda, Cabral, Risolía, Gabrielli y Rossi quedarían entre los maestros del derecho constitucional.

Desde que en 1983 volvimos al régimen constitucional venimos buscando, sin éxito, recuperar el poder judicial. Sigue siendo el único cuyos miembros no llegan por voto popular. La mayoría continuó en sus cargos, pese a haber jurado por el estatuto del proceso de reorganización nacional de los genocidas. Los ha habido honrados, los ha habido corruptos. Y en 2003, Néstor Kirchner terminó con la desacreditada Corte menemista, y estableció por decreto una normativa que establecía cambios para la designación de nuevos ministros, limitando la discrecionalidad presidencial “No nos interesa conformar una Corte adicta, y no nos sirven las viejas tácticas”, afirmó.

Sin embargo, todavía el poder judicial, no la Justicia, aun espera el momento, siguiendo los conceptos de Klix López en 1947, de adecuarse a la voluntad de afirmar la soberanía popular manifestada en las urnas.

Enrique Manson Diciembre de 2012

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