Los trabajadores festejamos y tenemos memoria

EL OTRO 27 DE ABRIL

 

En el acto realizado en la 9 de julio para conmemorar el Día de los Trabajadores, Hugo Moyano señaló  con acierto los recuerdos que nos había traído el 27 de abril. Además de la evocación triste de los seis meses de la partida de Nestor Kirchner y del orgulloso recuerdo del octavo aniversario de la fecha en que nuestro país reinició su camino de grandeza dejando atrás un cuarto de siglo nefasto, trajo a la memoria aquel 27 de abril de 1979, cuando los trabajadores lanzaron la primera huelga general contra la tiranía criminal.

Había sido larga hasta entonces la historia sindical argentina. En 1955 fue una joven generación de dirigentes la que tomó la posta iniciando la Resistencia contra la dictadura fusiladora. En la década siguiente hubo aciertos y errores. Existieron los programas de La Falda y de Huerta Grande, pero también hubo quien dijo hay que estar contra Perón para salvar a Perón.

En los años setenta, la crisis interna del peronismo enfrentó a las organizaciones armadas con lo que llamaban la burocracia sindical.

 

Los usurpadores del 24 de marzo creyeron que sería fácil terminar con el sindicalismo peronista. No comprendieron que, más allá de sus defectos y de la claudicación de algunos dirigentes, éste cumplía con una tarea de representación y de defensa de los intereses de los trabajadores. Y los trabajadores lo sabían.

La dictadura derogó la ley de Contrato de Trabajo y para terminar de enterrarla secuestró y asesinó a su inspirador, Norberto Centeno. Las 62 Organizaciones Peronistas fueron prohibidas. La CGT también debía desaparecer. En la nueva legislación no habría entidades sindicales de tercer grado. La Ley de Seguridad Industrial eliminó el derecho de huelga. Las obras sociales fueron separadas de los sindicatos con el pretexto de que los sindicalistas las saqueaban en beneficio propio. Desde 1976, fueron saqueadas en beneficio de los interventores militares. Se trataba de domesticar a la clase obrera para implementar el plan económico de las Fuerzas Armadas. La política de Martínez de Hoz cumplió con su objetivo de superar el conflicto social mediante la desaparición física de uno de sus términos. Para que no hubiera obreros rebeldes había que destruir la industria. Mientras las mazmorras se llevaban a quienes representaban alguna forma de resistencia, la caída del salario a la mitad de su valor de marzo de 1976 y el crecimiento de los índices de desocupación, desangraron a la clase media baja y a los trabajadores. La población asalariada, que en 1975 superaba los 6.000.000 de personas, cayó a menos de 5.000.000 en 1982.

Los dictadores pensaban que la burocracia sindical era una banda de delincuentes que nunca habían trabajado y que manejaban a su capricho a los trabajadores, de cuyos intereses jamás se habían ocupado. ¿Qué mejor que consultar a los afiliados si querían seguir integrando los sindicatos? El sorprendente resultado fue que los trabajadores “… no se desafiliaron, siguieron aportando. …. Sólo la solidaridad del pueblo con sus organizaciones permitió que el sindicalismo sobreviviera a este golpe feroz… algunas obras sociales siguieron de hecho funcionando.”[1]

 

Si para los planes de la dictadura la subversión era un pretexto y la burocracia sindical una molestia poco trascendente, no ocurría lo mismo con la posible resistencia obrera de base, instalada en los lugares de trabajo y organizada por las comisiones internas y la dirigencia más cercana.

El mismo 24 de marzo, fueron ocupados militarmente quince sindicatos, y varios centenares en las semanas siguientes y como vimos fueron  prohibidos la CGT, las 62 organizaciones y el derecho de huelga. Los 6 millones de afiliados sindicales quedaron bajo el control de interventores militares, que también quedaron a cargo de más de 3.000 millones de dólares pertenecientes a los gremios y a sus obras sociales.

“Los medios para mantener a raya a las fuerzas laborales proliferaron: advertencias, suspensiones, despidos disciplinarios. Antiguos aumentos salariales desaparecieron,” así como las regulaciones de salud, la higiene, la seguridad en el trabajo y el empleo. Los patrones tuvieron absoluta libertad para trasladar trabajadores y modificar normas de trabajo. “Los militares dieron a los empleadores el derecho a interrogar a sus empleados potenciales sobre sus ideas religiosas, sindicales y políticas; el derecho a despedir por ‘delitos’ no probados en los tribunales y el derecho a eliminar la participación de los obreros en las ganancias y la administración.”[2]

La feroz caída de los salarios fue explicada por Guillermo Walter Klein, que definió al vigente como un “sistema incompatible con cualquier sistema democrático y sólo aplicable si lo respalda un gobierno de facto.”[3]

La embajada de los Estados Unidos informaba sobre 750 a 1000 “activistas sindicales detenidos … sin asociación alguna con grupos subversivos”[4] 500 de éstos seguramente están muertos,  Un segundo grupo estaba constituido por “trabajadores en general”…detenidos “por participar en huelgas totales o de brazos caídos o estar relacionados con ellas o alguna otra forma de actividad tradicionalmente reconocida o considerada legal hasta [el golpe] que tenía por objeto corregir defectos salariales o laborales.” Entre 3.000 y 4.000 de ellos estarían en la cárcel y unos 750 “presumiblemente muertos”[5]

Muchas fábricas debieron trabajar bajo directo control militar. En alguna se instaló una guarnición completa. “Nos revisaban las ropas, los vestuarios, hacían requisas permanentes … se llevaron a los delegados, subdelegados y activistas. Destrozaron el cuerpo de delegados… hubo unos cien desaparecidos. Muchos aparecieron después como detenidos y muchos han sido soltados. Otros nunca aparecieron.”[6] La Ley 21400, de seguridad industrial castigaba con 6 años de prisión a todo trabajador que hiciera huelga y 10 para quien instigara a hacerla.

                                                   La primera huelga general


1978 había sido el momento culminante de la dictadura. La guerrilla no daba señales de vida, y avanzaba el proceso de recuperación de muchos prisioneros. Los políticos mantenían el silencio, y el movimiento obrero parecía domesticado. Fuera de los moderados desplantes del sector gremial llamado de los 25., sólo el grupo de locas que se reunían los jueves en Plaza de Mayo para demandar la aparición de sus hijos parecían romper la uniformidad.

El éxito del Mundial, con las multitudes en la calle y con Videla vitoreado en el balcón, hizo vivir a los militares la sensación de una inesperada popularidad. El conflicto con Chile había fomentado en algunos un nacionalismo agresivo de cortas miras. Cuando la intervención papal evitó la guerra, la sensatez predominó, y se vivió el alivio de la lucha evitada, completando –aún contradictoriamente- el año positivo.

Los trabajadores seguían soportando la caída de sus salarios y el crecimiento del desempleo, así como la aplicación de normas laborales que ignoraban las más elementales conquistas del derecho obrero. No se respetaban las normas de seguridad e higiene laboral, era común la “pérdida de remuneraciones consagradas por la costumbre, incumplimiento de licencia por vacaciones, maternidad o estudio, traslados dentro de la empresa o sucursales, modificación de los horarios de trabajo, desaparición de servicios de índole social, etc.”[7] Seguía la presencia  de policías y militares en las fábricas, y seguían prohibidas las comisiones internas. “Eran frecuentes las falsas acusaciones de hurto como medio de zanjar las diferencias laborales. Al trabajador en conflicto no le quedaba más remedio que retroceder ante cualquier avasallamiento patronal. Aunque no existiesen pruebas como para fundar una acusación, la detención (aún transitoria) suponía sufrir castigos corporales, en ocasiones severísimos. La práctica de recurrir a la policía para solucionar todos los problemas laborales se convirtió en un hecho banal, cotidiano, utilizable en los casos más nimios. Por supuesto ello era aún más frecuente cuando estaban en juego diferencias colectivas de más importancia.”[8]

En los últimos días de 1978, los 25 organizaron en la Capital Federal una cena que reunió a 300 dirigentes. A ella asistieron los agregados laborales de Estados Unidos y Alemania Federal, y representantes de la ORIT. El dirigente cervecero Saúl Ubaldini leyó un documento en que se reclamaba el restablecimiento de la Ley de Asociaciones Profesionales, y la legislación del trabajo que habían  sido abolidos. Se atacaba a la política económica y se reclamaba la recuperación de los salarios. Las obras sociales  debían ser devueltas a los trabajadores, previa su recomposición económico financiera. En lo político, se rozaba lo que los militares consideraban una insurrección: el documento reclamaba el restablecimiento de la democracia, con justicia social.

El año 79 se inició con los primeros contactos entre los dos sectores obreros existentes para alcanzar la unidad, pero esta se postergaría por las profundas diferencias de la CNT y los 25 con respecto a las relaciones con el gobierno. Los 25 consideraban que la unidad debía  ser el instrumento  para convocar a una huelga general. Esto no entraba en los planes de los dialoguistas.

Los 25 iniciaron su ofensiva poniendo “en estado de alerta a todo el movimiento obrero.”[9] y avanzaron hacia el paro general. El 21 de abril, se reunieron los dirigentes en el sindicato de molineros, y convocaron a la Jornada de Protesta Nacional que se realizaría el 27 para lograr la “restitución del poder adquisitivo de los salarios y la plena vigencia de la ley de convenciones colectivas de trabajo, oponiéndose a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales y de Obras Sociales y exigiéndose la normalización y libertad sindical.”[10]

El general Llamil Reston, ministro de Trabajo, convocó a los dirigentes de los 25 para dialogar en el Ministerio. Después de la reunión, la policía fue capturando a los sindicalistas a medida que salían. Estos, sin embargo, habían tenido la precaución de crear un comité de huelga que comenzó a moverse en la clandestinidad. Las organizaciones internacionales reclamaron al gobierno la libertad de los apresados. Lo mismo hicieron el partido Justicialista y la UCR, aunque ambos evitaron involucrarse con la huelga. No sucedió lo mismo con la Asociación de Industriales de Buenos Aires, de orientación desarrollista, que se solidarizó con los trabajadores.

El paro afectó al cordón industrial del Gran Buenos Aires  y a industrias del interior. También adhirieron los ferrocarriles Roca, Mitre y Sarmiento. No existió prácticamente en el comercio ni entre los empleados públicos. De todos modos, significó un cambio cualitativo en la lucha sindical contra el régimen. La dictadura mantuvo detenidos hasta mediados de julio a los dirigentes de los 25, pero incluso las formas de represión, aún siendo duras, mostraban que algo empezaba a cambiar.[11]

Calello y Parcero opinan que “después de casi veinte años de producidas las acciones de la resistencia peronista, emprendida contra la dictadura oligárquica que volteara a Perón en el 55, los trabajadores iniciaron una nueva etapa de resistencia; esta vez contra un  poder tanto o más temible que aquél, a través del cual se encarnaban las fuerzas del atraso, la dependencia y el parasitismo de la vieja sociedad.”[12]

Alvaro Abos se pregunta: “¿Qué sucedió en la Argentina aquel 27 de abril? La prensa de Buenos Aires abundaba en detalles que pintaban una ciudad con el pulso normal. La huelga, sin embargo, aunque no consiguió detener el país, permitió que por primera vez desde 1976 un gran sector de la población argentina expresara una protesta clara contra el régimen”[13].

Raimundo Ongaro declaró a la prensa española: “La jornada de protesta nacional no es la obra de un grupo de iluminados, es la huelga nacional de la dignidad del pueblo contra un grupo de militares elitescos que desprecian la conciencia nacional y colectiva de los argentinos…. El 27 de abril nos enseña que, al igual que en otras fechas gloriosas desde nuestra independencia nacional, el actuar unidos por encima de respetables diferencias, nos posibilitará reconquistar los derechos abolidos… el poder que nos corresponde, instaurando un estado de derecho.”[14]

Enrique Manson

Abril de 2011


[1] Ceballos, Ernesto,  Historia política del movimiento obrero, pag. 371

[2] Andersen, Martín, Dossier Secreto., pag.  211

[3] Ibídem pag.  212. Esta afirmación quedaría desmentida durante la década del 90.

[4] Ibídem., pag.  213

[5] Ibídem

[6] Abos, Alvaro, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), p. 12

[7] Ibídem, pag. 330

[8] Ibídem., pag. 44

[9] Calello, Osvaldo y Parcero, Daniel, De Vandor a Ubaldini, pag. 177

[10] Ibídem

[11] Calello y Parcero opinan que “después de casi veinte años de producidas la

[12] Ibídem, pag.178

[13] Ob. Cit., pag. 55

[14] El País, Madrid, 28/4/79

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